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Los vocales del Consejo General del Poder Judicial reunidos en el Pleno extraordinario de 20 de diciembre de 2022
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, significó un cambio de paradigma institucional en el que los principales entes, organismos o empresas vinculadas al sector público pasaron a estar controlados por el Gobierno, de un modo u otro, a través de personas afines al PSOE. Desde entonces, y hasta la fecha, tal y como publicaba El Debate hace unos días, un total de veinticinco entidades de la Administración –entre ellas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, Correos, Indra, el INE o el CIS– han quedado colonizadas por los socialistas.
Tan sólo el máximo exponente del Poder Judicial, su Consejo General (CGPJ), ha conseguido sortear todas las maniobras del Ejecutivo, seguir prorrogado con una amplia mayoría de vocales conservadores, pese a tener los nombramientos bloqueados; y, salir airoso del último intento frustrado de dimisión en bloque del sector zurdo, promovido por Álvaro Cuesta, el miembro más próximo al Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños.